Por Juan Camilo Moncada Conde
El movimiento campesino en Colombia ha mostrado con intensidad la realidad del mundo rural, desempeñando un rol sensibilizador y reflexivo sobre lo que ocurre en cada rincón a lo largo del territorio y la historia del país, ha luchado por los derechos y la dignidad de los agricultores y también por los de las comunidades rurales. En este texto, mencionamos solo algunos elementos de su contexto histórico, las transformaciones sociales resultantes de su lucha, las reformas logradas y el estado actual del movimiento, incluyendo los desafíos que enfrenta.
Este movimiento se ha construido en un contexto de desigualdad histórica principalmente en la distribución de la tierra y los recursos, que se remonta a la época colonial y que se intensificó durante el siglo XX. Los campesinos colombianos, predominantemente de origen indígena y afrodescendiente, se vieron desplazados de sus tierras por diversas fuerzas, incluyendo terratenientes y grupos armados, posteriormente marginados por las dinámicas complejas en las grandes ciudades donde han tenido que buscarse un lugar.
En la elaboración de la Constitución de 1991, participaron diversas comunidades y diferentes movimientos sociales, pero el campesinado no tuvo allí una representación. Por eso, desde entonces, se ha invisibilizado y excluido aún más al campesinado, manteniéndolo en un largo proceso histórico de exigibilidad y reivindicación de sus derechos.
Algunas de las razones históricas que han generado tensiones y disputas con otras comunidades, tienen que ver con la gobernanza territorial, es decir, con la gestión y toma de decisiones relacionadas con el uso de un territorio especifico en función de su desarrollo, lo cual ha derivado en una forma de exclusión, como, por ejemplo, en el derecho a la tenencia y/o propiedad de la tierra. Para el campesinado, la lucha por las vías terciarias y servicios públicos ha sido muy importante porque responde a verdaderas necesidades, pero así mismo han sido importantes las reflexiones políticas y la trascendencia de una necesidad de participación política comunitaria, que permita al campesinado ser tenido en cuenta en la toma de decisiones de país, lo cual implica formación, articulación e incidencia.
El gran paro agrario en Colombia es un hito que aconteció durante el mes de agosto y septiembre de 2013, contó con movilizaciones en más de 12 departamentos; campesinos, campesinas y población urbana, con el apoyo de otros sectores sociales salieron a buscar una negociación con el gobierno nacional, liderado por el presidente de ese momento, Juan Manuel Santos. Lo que se quería desde el movimiento era claro, que el gobierno reconociera la falta de inversión pública, específicamente en el agro, y que atendiera temas como el costo de la gasolina, vías, educación y salud, además de construir políticas públicas de la mano con el campesinado dirigidas a cambiar la realidad de la distribución de la tierra, pretendía también poner en discusión temas como las zonas de reserva campesina y su ampliación, la importación de alimentos y tratados de libre comercio, y claramente el mejoramiento de las condiciones de vida digna de su pueblo.
Desde entonces y en contracorriente, la lucha del movimiento campesino ha contribuido significativamente a transformaciones sociales en Colombia. La reforma agraria ha sido uno de sus principales logros, permitiendo la redistribución de tierras a los campesinos y comunidades rurales. Esto, aunque torpedeado y enlodado por otros sucesos propios de la dinámica política del país, ha mejorado la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos, ha visibilizado el papel importante de quien produce el alimento, incentivando su reconocimiento y apoyo a través del consumo local de alimentos y ha mejorado la calidad de vida en las zonas rurales, reduciendo la pobreza y la desigualdad en alguna medida.
A través de la acción colectiva, el movimiento campesino también ha logrado impulsar reformas en otras áreas desde el ámbito político, y lo han hecho a través de su participación en la creación de políticas que protegen los derechos de los campesinos y comunidades rurales, esto a través de la diversificación de la agricultura y un acceso cada vez mayor a mercados justos. En educación, han abogado por una educación con mayor cobertura, oportunidad y de calidad para las zonas rurales, y en esto cabe mencionar, por ejemplo, que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha hecho un gran aporte.
La aprobación del Acto Legislativo número 1 de 2023 el 5 de julio de 2023, es uno de esos hitos importantísimos para el movimiento y para Colombia, ya que se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional. Esta reforma constitucional modifica el artículo 64 de la Constitución Política, que antes se centraba en garantizar a los trabajadores agrarios el acceso a diversos servicios y recursos. Ahora, el nuevo artículo reconoce explícitamente al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección, respaldando una categoría previamente reconocida por la Corte Constitucional debido a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación históricas que han enfrentado los campesinos.
Entre los aspectos más destacados de dicha reforma se encuentran el enfoque de género, el derecho al ambiente sano, el derecho a la conectividad digital y el acceso a recursos naturales, agua y biodiversidad. La norma también establece que la legislación debe reglamentar este artículo para garantizar todos los derechos del campesinado, lo cual tiene que pasar a la corte constitucional para su revisión y aprobación, posterior a esto sería ley, pero no tendría efectos inmediatos porque no hay un reglamento, es decir, debe escribirse una nueva ley que debe pasar de nuevo por el congreso de la república para su aprobación, y para esto pueden pasar años antes de que suceda, como lo que paso por ejemplo, con la ley 70 de 1993, que fue la que reconoció derechos especiales a las comunidades afrocolombianas y que aun no se ha reglamentado. Esto plantea desafíos significativos para el legislador, ya que deberá definir quiénes son los destinatarios de esta nueva categoría y establecer directrices específicas para cumplir con este nuevo mandato constitucional.
En cuanto a los retos para el movimiento campesino, esta reforma constitucional ya plantea muchos, aunque representa un avance importante en la protección de los derechos del campesinado en Colombia reconociendo su importancia y su necesidad de especial atención debido a las desigualdades históricas que han enfrentado, la implementación efectiva de esta reforma dependerá en gran medida de la legislación subsiguiente y de cómo se abordarán los retos que esta conlleva. El movimiento campesino en Colombia seguirá siendo relevante y fuerte, aunque enfrente desafíos significativos como la concentración de la tierra y la violencia que se sigue dando en algunas áreas rurales que de seguro persistirán. Sin embargo, a pesar de la presión de intereses económicos y las élites, la falta de apoyo gubernamental y la división de la izquierda donde más se han resaltado sus voces, el movimiento tiene un poder incalculable, de cambio y transformación social.
